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Profundización de la ley Antiterrorista kirchnerista
Los ciudadanos debemos saber muy bien qué conductas concretamente están prohibidas. La regla del art. 19 de la Constitución Federal es que todo lo que no está prohibido está permitido, de manera que sería un abuso que nos condenaran por interpretaciones caprichosas de la ley, las que se facilitan cuando estamos en presencia de los llamados tipos penales abiertos.
A la imprecisión de este texto, se sumaron las declaraciones del Lic. José Sbatella, de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego corroboradas por el ministro de Justicia y algunos legisladores oficialistas, quienes señalaron que por la nueva ley se podrá encarcelar empresarios que el Gobierno nacional considere que aterrorizan a la población o afectan la gobernabilidad, ante una corrida bancaria o un ataque a la moneda, por ejemplo.
El funcionario mencionado, de paupérrima actuación en el área a su cargo a la luz de los nulos resultados que acredita su gestión, no titubeó en expresar que, ante la suba de la moneda estadounidense operada en el pasado reciente se podría aplicar la figura del terrorismo.
Como lo ha señalado recientemente el destacado ensayista y periodista Daniel Muchnik, en su excelente artículo publicado en el diario “La Nación” el 29 de diciembre pasado “terrorismo es un tema de inaudita vaguedad, cuestionado internacionalmente, que sirve para cualquier propósito o intencionalidad política”, agregando que “el dilema crucial de esta Ley es qué significa para los que la elaboraron y aprobaron “terrorismo”, un término sin especificidad, indefinible, en torno al cual las mismas instituciones internacionales no se han podido poner de acuerdo”, por lo que concluye señalando que “es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico como es , aterrorizar”.
La excusa para sancionar esta norma, surgida entre gallos y medianoche, sin el debate responsable y profundo que el tema ameritaba, estuvo dada por una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un foro internacional que, meses atrás, había incluido a la Argentina en la "lista gris" dentro de la clasificación que realiza el mencionado organismo respecto de las medidas efectivas que los distintos países realizan para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico.
Es una lista poco honrosa, que indica que nuestro país dista de cumplir con los estándares internacionales considerados adecuados en la materia y, por tanto, no es confiable para las inversiones.
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico exige la sanción de normas que aseguren la transparencia financiera, el control cuidadoso de los depósitos bancarios, el cabal conocimiento de las instituciones financieras acerca de sus clientes y de los negocios que efectúan, para lo cual no se debe escatimar en la implementación de todo tipo de recursos tecnológicos y humanos por medio de las instituciones.
Para esos fines, la ley sancionada resulta absolutamente inútil y por demás, innecesaria, porque todos los delitos que pretendería abarcar ya estaban incorporados al Código Penal.
Bajo el manto de la "generación de terror" en la población, podrían terminar presas todas aquellas personas que fueran acusadas por el Gobierno nacional de provocar "desestabilización o afectar la gobernabilidad del Estado".
Esa es precisamente la vocación que anida en esta ley: la intención del Poder Ejecutivo de reprimir con dureza las protestas sociales que se avizoran en un contexto futuro de fuerte conflictividad social, al dejar al abrigo de la discrecionalidad judicial la aplicación normativa.
El problema es quién juzga. Con jueces confiables no habría problemas, pero muchos de los magistrados federales no lo son. ¿Qué entenderán, entonces, por alentar una corrida? ¿Nos condenarán a los que sostenemos que el dólar está barato y que la Argentina está perdiendo competitividad o a los que cuestionamos las estadísticas del Indec?
Entiéndalo: el disenso no es terrorismo, es democracia.
Es por eso que estamos en presencia de un instrumento muy peligroso. Si la Corte realmente está comprometida con los derechos humanos, sin duda declarará la inconstitucionalidad de esta ley.
Denuncian la aplicación de la Ley Antiterrorista contra asambleístas en Catamarca
Se trata de ambientalistas que se expresaban contra la explotación minera en la provincia. Es la primera vez que se ejecuta la norma.La ey Antiterrorista se estrenó con una de las protestas más controvertidas.
Nueve ambientalistas detenidos el viernes en Santa María, Catamarca, fueron imputados bajo la Ley Antiterrorista, sancionada en los últimos días de diciembre. De acuerdo con su abogada, Selene Herrera, "están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal", precisó la letrada, quien refirió que en la causa interviene por el momento la Justicia provincial.
Ante esta situación, y en declaraciones al portal de noticias sobre ecología Comambiental, opinó que se trata de "una causa armada" por el fiscal provincial Julio Landívar.
Herrera dijo que con la modificación al Código Penal "cualquier protesta social o actitud en contra de la decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo".
Este mismo planteo formularon sectores de la oposición respecto del proyecto de modificación del Código Penal que impulsó el gobierno nacional y aprobó a fines de 2011 el kirchnerismo en ambas Cámaras.
Los manifestantes fueron detenidos mientras realizaban un corte selectivo en la ruta nacional 40, impidiendo el paso de vehículos con elementos destinados a la minera Alumbrera, cuyo cierre exigen desde hace tiempo.
Herrera, que ya planteó la nulidad de las imputaciones, adelantó que pedirá que se declare "la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista", y advirtió que "el fiscal Landívar y el comisario Pastrana", que actuó durante las detenciones, "están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones".
Al mismo tiempo, otros manifestantes interrumpen desde el 20 de enero el paso de vehículos, también en forma selectiva, sobre la misma ruta pero en la localidad de Belén, a unos 100 kilómetros al sur de Santa María.
El portal dio cuenta del inicio en las últimas horas de un corte similar en la ruta 40 en proximidades de Amaicha del Valle, en Tucumán, también en rechazo de la minera que funciona en Catamarca.
El rol de la gendarmería y la policía en la vigilancia e infiltración entre los núcleos obreros combativos. ¿Una profundización de la ley Antiterrorista kirchnerista.
Sesenta días pasaron desde la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos y abogados laboralistas sobre las las acciones de vigilancia cumplidas por la gendarmería hasta que la misma fuerza admitió las tareas ilegales de inteligencia que realiza.
“Hace dos meses presentamos un escrito planteando una denuncia sobre la Gendarmería para que la justicia investigue sus tareas de inteligencia - explica Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)-.
El requerimiento les pedía que expliquen cuáles eran sus bases de datos sobre personas. Su respuesta planteaba que usaban los datos de migraciones para conocer los movimientos de los ciudadanos en la frontera, los datos del registro automotor y algunos otros listados públicos más. Pero agregaron a su declaración un organismo desconocido e ilegal: dijeron que tenían un listado propio llamado Proyecto X’ que les permitiría cruzar nombres con organizaciones que podían ser ilegales, legales, terroristas, desconocidas o delincuenciales”.
La base de datos de nombre oscuro revela un aparato de inteligencia ilegal que desarrolla la fuerza comandada por la ministra Nilda Garré y que tiene un rol activo en la vigilancia de activistas obreros, entre otros. Una situación preocupante ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de promulgar una ley Antiterrorista cuyo fin más evidente es el de castigar y prevenir la protesta social.
No hay que olvidar que el requerimiento realizado por los organismos de derechos humanos surgió debido a las sospechas sobre esta inteligencia ilegal percibido por las actividades realizadas en los nucleos fabriles de Zona Norte y en los conflictos operarios que habían surgido, en especial el de la huelga y ocupación de la empresa alimenticia estadounidense Kraft.
“Un organismo de esa naturaleza es completamente ilegal e inconstitucional -señala el abogado Juan Carlos Capurro, presidente del Comité de Acción Jurídica y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Las tareas específicas de la Gendarmería se circunscriben a la defensa de las fronteras, no a la inteligencia interior. La inteligencia interior está constitucionalemente prohibida para todas las fuerzas de seguridad de la nación. Ninguna fuerza podría tener un organismo de ese tipo de manera autónoma, ya que estaría violando la Carta Magna. Y si le hubiera sido encomendada por el ministerio de Defensa o del Interior, la ministra o el ministro deberán dar explicaciones sobre el organismo de inteligencia y control de los ciudadanos”.
Las sospechas que motivaron la denuncia sobre la Gendarmería estarían probadas con esta respuesta ya que -como dice el popular dicho- “a confesión de partes, relevo de pruebas”. De cualquier manera, no es vano recordar las causas de la denuncia ni repasar las actividades que la gendarmería de vigilancia sobre los ciudadanos durante la huelga de Kraft.
El gendarme Raúl Ernesto Sheurman, integrante de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial de Gendarmería Nacional, relató ante la secretaria del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero que fue designado con otro miembro de la fuerza para ir al lugar de la manifestación
“Nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial. Fuimos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes eran los que hablaban por los altoparlantes, quiénes los organizadores…” El gendarme Sheurman admitió que intentó ubicar a dos organizadores de los cortes pero que, al no ubicarlos, sacó fotos a otros manifestantes con su celular.
Prolijidad de la gendarmería al fotografiar y clasificar una asamblea obrera.
En el mismo tribunal, Gendarmería informó que su oficial Elisabeth Calisaya “informó los resultados de la compulsa realizada en forma encubierta y de consulta a las bases de datos abiertas, efectuadas sobre las personas de interés”.
Más adelante, la declaración oficial continúa revelando el accionar de inteligencia de Calisaya. La oficial “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.
La gendarme señaló que tenía una confusión respecto a los nombres de los manifestantes del conflicto de Kraft vigilados, pero que “lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña”. Esa base de datos sería el oscuro Proyecto X.
El gendarme Carlos Christian Sanabria reconoce haber identificado a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, que apoyaban la huelga de Kraft, y que individualizó a Ramón Bogado y Javier Hermosilla, “quienes ocupan cargos gremiales en la empresa de marras, respecto a quienes no pudieron obtenerse fotografías”.
Todos los mencionados, junto a varios otros activistas obreros de Kraft, enfrentan hoy embargos sobre sus escasos bienes y causas judiciales que persiguen la protesta social. El juez Mariano Rearte, que lleva adelante la causa contra los manifestantes, le otorgó estatus de prueba a los pedidos de la presidenta Fernández que reclamaban que acaban los cortes de ruta. Su inclusión como prueba señala el operativo conjunto entre el poder ejecutivo y el judicial para enfrentar la protesta social.
Gendarme admite vigilancia de Néstor Pitrola, del Partido Obrero, y Vilma Ripoll, de Proyecto Sur. Pero le saca una foto un “falso” Pitrola.
Plazademayo.com publica algunas de las fotos que forman parte del expediente y parte del testimonio de Sanabria. Queda mucho más material para publicar.
¿Es el Proyecto X una base de datos que podrá ser usada por el gobierno y el poder judicial en el marco de la aprobación de la ley Antiterrorista? La previsión de un aumento de las tensiones sociales y laborales en un marco de ajuste kirchnerista podrían provocar un uso profuso de la represiva ley.
Baste recordar que estos días 20 manifestantes antimineros en Catamarca fueron procesados bajo el marco de esa legislación. La base de datos Proyecto X adquiere en este contexto un carácter no sólo ilegal, sino peligroso para la seguridad y resguardo de las libertades democráticas del activismo obrero.
El juez toma como prueba (o como mandato) las declaraciones de la presidenta Fernández exigiendo el fin de los cortes de ruta.
Argentina: Los expedientes secretos X
Diego Rojas (PLAZA DE MAYO.COM - PRENSA RED)
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